El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Capital Federal encabezará a partir del próximo martes 5 de marzo el juicio oral en la causa conocida como “Plan Cóndor”, en la que se juzgará a 18 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

Valeria Ponce debía someterse esta mañana al debate en la que se la acusa de un robo, pero presentó un certificado médico en el cual consta que sufre de un trastorno mental que le impide ser juzgada. Esperan el resultado de los forenses.

Si bien el debate debía comenzar hoy, se pospuso para el martes por dos presentaciones que realizaron los abogados de los acusados. El defensor Diego Lavado solicitaba el cambio de fiscal de la causa y la nulidad del juicio.

De esta manera, José María Medrano recomendó la confirmación del fallo del juez de primera instancia del juzgado federal en lo Civil y Comercial Número 1, Horacio Alfonso, que el 14 de diciembre resolvió rechazar la demanda del Grupo Clarín.

Se tenía que presentar por la infracción de tránsito que se le labró tras protagonizar el accidente que le costó la vida a un vigilador privado. Podría ser inhabilitado para conducir. Queda como antecedente en la causa penal.

Tres imputados arriesgan perpetua. Serán defendidos por Diego Lavado, y el fiscal será Javier Pascua. Ambos tuvieron un cruce meses atrás por un escrache al primero de estos. Los padres de víctimas de delitos asistirán a las audiencias.

La querella que representa a un grupo de sobrevivientes solicitó esa pena para el ex titular de la Unión Ferroviaria y los otros 16 imputados.

Un automovilista que fue testigo presencial del accidente en el que el periodista Pablo García atropelló y mató a un ciclista en la autopista Panamericana aseguró que el conductor no detuvo su marcha tras embestir al vigilador.

Se juzgará a 28 procesados, entre ellos, los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes están acusados de "estrago culposo y administración frauduelta".

Los acusados comenzarán a escuchar el pedido de condenas que solicitará la familia del joven militante asesinado.

La familia de la víctima demandó a la provincia por el mal accionar de los médicos del hospital público Luis Chrabalowski de Uspallata. El hombre estuvo tres días con un dolor en el pecho y terminó falleciendo de un infarto.

Entre hoy y mañana, el juez de la causa definirá su situación procesal. Su abogado intenta demostrar que fue su enfermedad la causante del accidente para que quede libre.

En el 2012 se realizaron 4.305 consultas, de las cuales más del 33% fueron por temas de divorcios o tenencia de menores. También se pidió asesoramiento por casos de violencia de género.

En la causa están procesados los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano y el motorman Marcos Córdoba.

Luego de que el tribunal pida su detención, el efectivo se puso a disposición de la Policía Federal. La audiencia de los alegatos debió suspenderse ayer ante su ausencia. Dijo que estaba de vacaciones.

La víctima reclamó un pago para solventar los gastos, pero los dueños del negocio afectado se negaron fundamentando que el incendio fue intencional. Para la Justicia los responsables “no demostraron su inocencia”.

Será a partir de las 10 en el Tribunal Oral criminal Nº 21 de la Capital Federal donde los patrocinantes del militante del PO, soliciten que José Pedraza y otros 16 acusados sean condenados.

Se instruirá como un caso de "desaparición forzada". El joven fue visto por última vez en el 2009 luego de que fuera detenido en un destacamento policial.

Lo solicitó la defensa del imputado. En las próximas horas, la Justicia aceptará o no el requerimiento. El caso está calificado como "homicidio y lesiones culposas", un delito excarcelable.

Al acusado se le detectaron cuentas en bancos de Bahamas, las islas Caimán y en la ciudad de Nueva York.