El lado B de los anuncios

Se habla del campo: se beneficia a los sectores agro exportadores dominantes. Se habla de exportaciones: se beneficia a las mineras. Se habla de energía: se beneficia a las multinacionales. Se toman medidas en ganancias: paga más gente que antes. Se habla de devolver el IVA: solo 300 pesos a los bancarizados. Se mejora a los jubilados: pero a los que más ganan. Se habla de abrirse al mundo: pero solo para importar. Se lanza un plan de empleo joven: se subsidia a Mc Donalds.

Por Marcelo López Álvarez

Lavadito, con puesta en escena, rápido y con escasas explicaciones. Así resultó el anuncio por parte del Presidente Mauricio Macri de lo que iba (y remarcamos iba) a ser el gran plan para comenzar la recuperación.

Apenas el blanqueo y medidas (justas y necesarias), pero que solo abarcan al 20 por ciento de la clase pasiva que cobra los haberes más altos, fueron la noticia del viernes. Casi una tentación a escribir que el Gobierno no tiene registro de lo que pasa en los escalones más necesitados.

A esta altura hay una realidad indiscutible, siempre se prioriza la crema de los sectores a los que toca. Se habla del campo: se beneficia a los sectores agro exportadores dominantes. Se habla de exportaciones: se beneficia a las mineras. Se habla de energía: se beneficia a las multinacionales. Se toman medidas en ganancias: paga más gente que antes. Se habla de devolver el IVA: solo 300 pesos a los bancarizados. Se mejora a los jubilados: pero a los que más ganan. Se habla de abrirse al mundo: pero solo para importar. Se lanza un plan de empleo joven: se subsidia a Mc Donalds. Se devuelve el 15% a las provincias en cómodas cuotas pero después de que estas hayan resignado más del doble de lo que se les devuelve y así cada anuncio.

El blanqueo de capitales correctamente designado es una exteriorización, la medida no apunta a que el dinero retorne al país, sino simplemente a que se declare y se pague la alícuota prevista. Ni siquiera se prevé algún incentivo para que ese dinero no solo se declare sino que además retorne en forma de inversiones productivas, algo que sí se hizo en perdones anteriores.

Hoy el Gobierno Nacional se encuentra en un brete, eligió el meneado tema de los jubilados con reclamos judiciales para dar una señal, pero al decidir ampliar el universo, y no solo los juicios con sentencia que se deben abonar, la cifra necesaria para hacer frente a la movida es calculada por algunos en 300 mil millones de pesos en cuatro años. Es que incluye los 350 mil jubilados con sentencia firme y unos 2 millones más que se calcula tendrían derecho al reclamo.

El monto es fuerte, se pagará en cuotas pero de ninguna manera presupone que se volcará a consumo revitalizador de la demanda. Gran parte de eso caerá en manos de sectores que hoy ya tienen capacidad de ahorro, por lo que es muy probable que terminen alimentando la rueda del dólar o el sistema financiero improductivo.

Pero no es el único riesgo, la intención sana del Ejecutivo es que ese enorme monto se financie con lo que se recaude del gravamen a los capitales exteriorizados a partir de esta ley y con las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, cambiando drásticamente el modelo de ese dinero que, o se atesoraba como un fondo contra cíclico, o se volcaba a mercados realmente movilizadores de trabajo o consumo como los planes Pro.Cre.Ar. que -con alguna pérdida por el proceso inflacionario- se recuperaba.

Más allá de las declaraciones, lo que vale es lo escrito y el beneficio a los jubilados es también la llave para algo que se advirtió y el ahora partido gobernante, desmentía. Los empresarios aliados presionaron fuertemente para sacar la participación estatal de sus empresas y lo lograron. El proyecto enviado al Congreso efectivamente contempla la posibilidad de la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En declaraciones públicas insisten en que no lo harán; pero lo ponen blanco sobre negro en el proyecto.

La movida política es inteligente, mandar un proyecto que incluya blanqueo y jubilados pone a la oposición en un brete, sino aprueba será tildada de no defender ni cuidar a nuestros abuelos, no importa que no haya una sola línea de la Ley Ómnibus que le tire un centro a los más de 4 millones de jubilados que cobran la mínima, o que el blanqueo no excluya a los funcionarios del gobierno o a quienes ya tienen causas judiciales en marcha. Será todo un desafío comunicacional para los opositores explicar el por qué se oponen, si es que alguno lo hace, frente al arsenal mediático que desde el mismo momento del anunció el título “Aumento a los jubilados”.

El debate sigue abierto porque el gobierno, más allá de los discursos tiene acciones, decisiones que son las que quedan plasmadas en los papeles, leyes y decretos y estas, definitivamente parecen darse de bruces con el nuevo relato.

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