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Familiares de víctimas de delitos afirman haber sido olvidados por el Estado

Señalaron que el Gobierno y el Poder Judicial no han trabajado en el progreso de los casos ni en combatir la inseguridad.

Familiares de víctimas del delito criticaron las acciones que ha realizado el Gobierno provincial con respecto al tema inseguridad y afirmaron sentirse “olvidados” por los poderes del Estado.

Padres y hermanos de varias personas que fueron asesinadas en los últimos años, dialogaron en el programa Punto en Común, que se transmite por TV Andina, sobre cuál es el estado actual de las causas y si ha habido avances o no en las mismas.

Osvaldo Quiroga, el padre de Matías, quien murió marzo del 2012 luego de ser baleado por un grupo de delincuentes que escapaba luego de un intento de robo a un camión de caudales, opinó que no hay voluntad política para intentar en serio resolver el tema de la inseguridad en la provincia.

Además comentó que si bien las reuniones de enlace que se realizan con la Comisión Bicameral de Seguridad y en la que asisten representantes de la Corte, fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad empezaron con mucho énfasis y ganas, poco a poco “se fue vaciando de contenido”.

“Solamente contamos con el apoyo de legisladores de la Bicameral, como Daniel Cassia (FR), Milagros Suarez (UCR), Héctor Quevedo (UCR) y Gustavo Cairo (PRO)”, agregó Quiroga.

Asimismo, consideró que la policía está atada de pies y manos, con malos sueldos, equipamiento, capacitación y que solamente “hacen lo que pueden”.

En relación a la situación que se dio cuando bajó el cuadro del Gobernador Francisco Pérez del salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, dijo que lo hizo porque le mintió cuando le afirmó que la culpa de la impunidad en el caso era de los jueces y 2 meses después “nombró a Omar Palermo como miembro de la Suprema Corte, que viene a ser el secretario general del gremio de los delincuentes”.

Por otro lado, Blanca Sotelo, la madre de Sebastián Prado, a quien lo mataron a la salida de su casa en septiembre de 2013, afirmó que la situación de la causa sigue igual y que todavía no hay ningún detenido.

Asimismo, comentó que muchos funcionarios le hicieron muchas promesas en los primeros días después de la tragedia, pero sin embargo afirmó que “no hay avances en la investigación ni ningún detenido”.

También opinó que el Gobierno debería incrementar el valor de las recompensas para poder ver si algún testigo o alguien que pueda tener información importante lo cuente y así agilizar el proceso de la causa.

Sin embargo, criticó el accionar de la Justicia en el caso, argumentando que “al que más lo investigaron fue a Sebastián: su vida, su familia, su trabajo; pero sin embargo, aquel que mató a mi hijo está libre”.

“Que se ocupen de nosotros. Cuídennos un poco”, finalizó conmovida la madre de Prado.

También dieron su versión sobre los hechos Federico Pelegrina, hermano de Gustavo, a quien lo mataron de un balazo mientras veía un presenciaba de futsal; y Cristina Toledo, madre de Esteban, un sereno de un cementerio y fue acribillado por 7 balazos.

Ambos coincidieron en que no se ha modificado la reacción del Gobierno con respecto a la crecida de la inseguridad, aunque Pelegrina dio su versión sobre el caso de su hermano y dijo que –por lo que le dijeron sus abogados- el expediente se está moviendo, hay detenidos y están recolectando las pruebas para hacer la elevación a juicio.

“No tener más a mi hermano, a mi familia y a mí nos cambió la vida para siempre. Es muy difícil soportar esto, pero vamos a pelear para que se haga justicia”, expresó Federico.

Distinto es el caso de Toledo, quien ya hace 7 años que fue asesinado y según Cristina “no cierran el expediente porque yo estoy en constante movimiento y lo impido, sino ya lo hubiesen hecho hace rato”.

“A mi hijo lo mataron de 7 balazos y ese crimen está impune. Lamentablemente no tengo dinero para contratar un abogado para que se haga una investigación en serio; y desde el Gobierno no nos ayudan”, añadió Cristina.

Por último, afirmó que seguirá luchando sin cansancio para obtener justicia, aunque desde el Estado hayan hecho un “abandono de persona” contra los familiares de las víctimas de delito. 

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