Debate

¿Quién debería controlar el servicio de aguas que ofrece el Estado?

La opinión del presidente del Epas, de la oposición y de un directivo de la reestatizada nacional Aysa.

El retorno de las empresas de servicios públicos a manos del Estado es una tendencia latinoamericana y la discusión se centra hoy en la utilidad o no de los entes reguladores. Algunos piensan que el Estado controlando al propio Estado es un esquema que no se puede sostener, mientras que otros especulan que el control de una prestación pública debe estar a cargo de técnicos pero guiados por el Estado.

La Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Senadores está analizando la disolución del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (Epas) por pedido del radicalismo, mientras que desde el ente de control le recuerdan a la Legislatura que existe un proyecto de ley para reformar el ente que fue enviado a la Legislatura en 2011 y nunca se trató.

Javier Montoro, titular actual del ente de control, confirmó que está de acuerdo con que se debata el tema porque en la ley de reestatización de la empresa había quedado claramente expresado y además se hizo un plan estratégico para el sector que también lo contemplaba. Por eso técnicos del organismo estudiaron cómo debería ser la modificación y la enviaron a la Legislatura, dice el titular del ente de control. Ese proyecto que ingresó en Diputados y nunca fue analizado preveía las nuevas funciones del organismo, entre las que se destaca la de fomentar el incremento de inversiones, controlar las ejecuciones y el servicio. Además fijaba en su artículo 7, que en 180 días debía elevarse al Ejecutivo el modelo de adecuación del ente ajustando el organigrama, manual de funciones y procedimientos conforme los nuevos objetivos y funciones asignadas.

Además preveía en uno de sus artículos que, a partir de la promulgación de esta ley el Poder Ejecutivo debía enviar a la Legislatura un proyecto de régimen tarifario que tendiera al servicio medido en toda la provincia. Algo que nunca sucedió porque la empresa está atendiendo cuestiones urgentes desde que retornó al manejo estatal.

Por qué disolverlo

Alejandro Molero, es uno de los senadores radicales autores del proyecto que prevé la disolución del ente de control. Para el legislador hay una serie de irregularidades por parte de la empresa que el ente no ha sancionado y esto muestra que no tiene razón de seguir en el mismo estado.

Por citar un ejemplo Molero revela que los operadores minoritarios no le colocaron el cloro necesario en sus potabilizaciones y el ente nunca los denunció. También advierte que circularon líquidos cloacales por las acequias de la Capital y el ente nunca sancionó a Aguas Mendocinas.

“Por esto una parte importante del radicalismo cree que hay que disolverlo, pero vamos a escuchar todas las opiniones. Los primeros en pasar por la Comisón fueron los miembros del directorio y ahora será convocado el titular de la empresa, Guillermo Amstutz”, sostuvo el legislador.

Experiencia porteña

En Capital, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), fue reestatizada en 2006. Un mendocino que participó activamente de la ex Obras Sanitarias Mendoza y de otras concesionadas, cuenta la experiencia porteña porque hoy es miembro del directorio de esa empresa.

Oscar Vélez, hoy director de Aysa, cree que los entes de control se pueden reformular pero se pregunta si se disuelven, quién controlará la calidad de los servicios públicos pero también los planes de obras.

“Es una discusión que se da en toda América Latina por el fortalecimiento de las empresas del Estado. La reversión de privatizaciones para volver al manejo estatal es una tendencia mundial, pero también el mayor control sobre estas empresas”, marca el directivo de Aysa en diálogo con Sitio Andino.

Vélez es miembro del directorio desde 2006 cuando en Capital Federal la empresa vuelve a manos del Estado. El funcionario cuenta que cuando se revirtió el esquema, ellos rediseñaron el ente de control. Se dividió en dos: una parte se dedica al control del plan de obras y expansión. Estos técnicos, que mantienen reuniones mensuales con la empresa, revisan si se hacen las obras, cómo, y de qué manera. Además trabajan con todos los municipios de Capital y los hacen partícipes de las decisiones. La idea es que cada secretario de obras de los municipios sepa anticipadamente qué se está haciendo o qué se hará en su comuna.

La otra parte del organismo de control es la que controla la calidad, los reclamos, y todo lo que tiene con los servicios prestados.

Estos dos órganos están liderados por políticos, pero todo el plantel restante está compuesto de técnicos cuyos cargos son concursados, sostiene Vélez.

Independientes

Para Vélez una de las claves de que los entes funcionen es que sean independientes financieramente. Pero para esto, en Aysa se paga una tarifa en la factura que se destina íntegramente al ente de control. En Mendoza el ente de control recibe fondos del Poder Ejecutivo pero también un 2,67 por ciento de las facturas que paga cada usuario se destinan al funcionamiento del organismo de control. Se calcula que este año el organismo podría recaudar unos 20 millones de pesos.

Al referirse a la idea que sostiene la oposición mendocina, Vélez considera que el costo más elevado puede tenerlo no controlar. En unos años no se habrán hecho obras, no estarán los planes de expansión y no se sabrá qué tipo de agua consumió la población, y este es el costo más elevado.

Además consideró que un ente debe rendir cuentas a las organizaciones sociales, a la Legislatura y al Poder Ejecutivo de todo lo que se ha hecho en el año y de cuál fue el comportamiento de las empresas.

Otra de las modificaciones que recuerda el funcionario es que el ente de control porteño prevé sanciones para los directivos de Aysa. “Nosotros también tenemos que recibir sanciones si incumplimos nuestras funciones, tal como las recibirían los de una empresa privada”, reflexiona.

Por último el funcionario nacional sostuvo que hay países que están avanzando en la unificación de los entes de control, es decir un solo organismo que controlar la calidad del servicio de aguas, de gas y de electricidad.

“Con un concepto de ahorrar recursos y fondos, hay países que tienen un solo organismo de contralor y que funciona muy bien”, confirmó el directivo de Aysa.

El futuro

Lo cierto es que ahora las cartas están en la Legislatura porque será la Cámara de Senadores, la que tras citar a las partes, deberá decidir si impulsa su disolución o no. El próximo capítulo será un encuentro que mantendrán la semana próxima los legisladores de la comisión de Obras Públicas con el presidente de Aguas Mendocinas, Guillermo Amstutz. 

Pero además resta esperar si el oficialismo tomará otra medida, además de seguir insistiendo con el tratamiento de esta ley que ingresó en 2011 y que serviría de puntapié para encarar la reforma.

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