Por Marcelo Torrez

Tope salarial en el Estado e ingresos por concursos

La Legislatura convirtió en ley el límite salarial en la Administración Pública tomando como base para el cálculo el sueldo del gobernador. Pocas horas atrás, la Suprema Corte de Justicia de la provincia le había recordado al municipio de Capital que debe aplicar una ley vigente desde 1992, la que ordena el ingreso del personal a las dependencias del Estado por medio de un concurso de antecedentes público.

De a poco, la política y la Justicia comienzan a dar algunas respuestas para ordenar ese gran desorden en que se ha convertido el área de recursos humanos de todo el Estado mendocino, incluyendo a los municipios, a la Legislatura, a los Concejos Deliberantes e incluso a los organismos descentralizados.

El avance es lento, pero avance al fin. Hay mucha hipocresía, sin lugar a dudas. Porque no es necesario que el más alto tribunal de Justicia deba “recordarle” a un Ejecutivo comunal que las leyes están para ser acatadas y cumplidas. Emerge como irrisorio y hasta ridículo. Tanto como aquellas interpretaciones que surgieron tras el fallo de la Corte respecto de Capital que, afirman, sólo abarca a ese municipio puntualmente y que la resolución judicial no tiene ningún efecto sobre el resto de la Administración.

Sin embargo, ante tanto desatino, olvido y desmemoria de lo que está vigente y de lo que no, bien vale la pena rescatar los avances. La norma sancionada ayer por Diputados, dándole media sanción al proyecto que venía del Senado se aproxima a una Ley General de Sueldos que se ha venido negando, sistemáticamente, durante los últimos veinte años al menos en la provincia.

No uno, sino varios gobiernos debieron penar por el gasto en Personal cada vez que se sumergieron en a discusión presupuestaria. Y todos los gobiernos usaron el “olvido” sobre los concursos para hacer ingresar por la ventana a punteros y ñoquis como pagos de facturas de las campañas electorales. Es uno de los pecados originales de la política. La misma política que luego se victimiza cuando la sociedad le da la espalda a los métodos que han venido utilizando en beneficio de unos pocos y nada en beneficio del interés general.

El avance de las últimas horas da pie a pensar que se irán haciendo correcciones en un campo de gastos que paga toda la sociedad, con impuestos y con servicios deplorables porque la plata no alcanza para brindar los esenciales, como el de educación, el de salud y el de seguridad por caso.

Cuando de lo que se trata es de determinar prioridades y poner en caja el desmadre de las cuentas oficiales que no sólo se produce por imperio de un mayor gasto por una demanda superior, sino porque no se asignan correctamente las partidas y no se tocan los bolsones improductivos.

Los sueldos en el Estado debiesen ser los mejores que se pagan en la sociedad y en esto no tendrían que existir dudas cuando se analiza el impacto del trabajo que debería tener, en teoría, la fuerza laboral del Estado. Ser un empleado público, en vez de una carga vergonzosa, debiese ser un orgullo. Trabajar para el Estado, es decir para todos, tendría que asumirse como un trabajo calificado en el que debieran estar los mejores. Pues nada de eso sucede en Mendoza.

Lo que ha recordado la Corte y la ley que ha sancionado la Legislatura, van camino a la jerarquización del empleo público, aunque hoy los sindicatos no lo entiendan así y asuman, en especial el tema del tope salarial usando como referencia el sueldo del gobernador, como una afrenta inconstitucional. Lejos están, sus dirigentes, de comprender y de asumir la demandas de un Estado moderno. Muy lejos.

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