Por Marcelo Torrez

El vivir con lo puesto le llegó a Mendoza, y a un Pérez ninguneado y marginado

Por castigar a Pérez, Cristina se ensañó con los mendocinos. Mendoza fue discriminada, como dice el gobierno nacional que Argentina ha sido discriminada por Griesa en la pelea con los buitre. Una constante en la historia provincial: gestiones débiles, sin vuelo, avasalladas y pisoteadas. Quizás llegó la hora de buscar salvavidas dentro y no manos salvadoras de un gobierno central que nunca llega. El “default selectivo” de Cristina.

Una extraña interpretación oficial corrió en el seno de los funcionarios y dirigentes más influyentes del Ejecutivo provincial: que el gobierno mendocino y Francisco Pérez, el gobernador, saldrán más que airosos tras el desplante y gesto de absoluta discriminación por parte de la Nación contra la provincia al no ser incluida en el plan de refinanciación y restructuración de deudas que Cristina Fernández, la presidenta, firmó el jueves con la mayoría de los gobernadores.

No es ninguna novedad de que al gobierno mendocino le ha costado horrores hacer las cosas bien y que su relación con la nación, o con la administración de Cristina para ser más preciso, ha dejado como resultado casi la nada misma en términos de beneficios directos para una gestión, como la de Pérez, que desde el primer día al frente de la provincia su fundió en la línea de aquellos mandatarios que pusieron todo por el desarrollo del proyecto K.

Cuando Pérez decidió pasar a la acción, al menos una vez, plantándose con cierto grado de firmeza para detener el avance de la nación contra la provincia en plena discusión del diseño de lo que será una nueva ley de hidrocarburos en el país, Cristina resolvió dejar afuera a la provincia de un plan de reestructuración de deuda cuando Mendoza, como siempre, cumplió acabadamente con los deberes y condiciones que les impuso la misma nación a todas las provincias para ser beneficiadas con quitas y prórrogas en los vencimientos de las obligaciones con el Estado nacional.

No es poca cosa la medida del gobierno nacional contra Mendoza. El miércoles pasado, los gestos adustos de Pérez y de su ministro de Hacienda, Marcelo Costa, al enterarse de que la provincia no había sido convocada a la firma del nuevo acuerdo por la deuda, eran notables y denotaban preocupación. Porque a pocas horas de superada la crisis política de casi ocho meses en la que se sumió el gobierno por la discusión de un presupuesto para el año que ya inició su segunda mitad y sin tener precisiones sobre si podría o no tomar deuda para financiarse, la no aparición en la lista de gobernadores invitados a prorrogar los pagos que les viene reclamando la nación, volvió a sumir a Mendoza en ese estado de permanente angustia en la que no puede avanzar con tranquilidad y calma en el normal desarrollo de sus políticas. Sencillamente porque la planificación y la toma de buenas, y acertadas decisiones, surgen, en la mayoría de las veces sin la presencia o con la ausencia de este tipo de perturbaciones que desconcentran.

La provincia deberá prever, si no media una instancia extraordinaria en la que se la incluya definitivamente en la reestructuración en los próximos días o semanas, de unos 160 millones de pesos extra para abonar a la nación deudas, sin quitas, sin prórrogas y sin tasas disminuidas. En total, son unos 2.500 millones de pesos los que adeuda Mendoza a la Nación.

Lo extraño es que como se menciona en el encabezado de esta nota, luego del estupor causado por la discriminación de Mendoza, en el gobierno de Pérez surgió la interpretación que al final el gobernador, hoy golpeado y humillado una vez más, saldrá triunfante del particular momento. Basan esta visión en que más tarde o más temprano la provincia será llamada a firmar la refinanciación de su deuda, porque no existe ningún motivo para ser negada a entrar en ese paquete de beneficios. Con lo que se confirma lo dicho más arriba también: que de manera sistemática el gobierno de Pérez hizo todo lo que pudo y más también a lo largo de lo que lleva de gestión para no importunar a un Gobierno nacional que, aún así, lo fue marginando de las grandes obras y emprendimientos que se decidieron concretar en el país.

También se asegura que la discusión que se está dando por el nuevo encuadramiento legal que se le pretende dar a la política de hidrocarburos en el país frente a la aparición en escena del petróleo y gas no convencional, se terminará zanjando a favor de algunas de las demandas que vienen reclamando las provincias, entre ellas Mendoza, junto a Neuquén, Río Negro y Chubut, castigadas también con la no reestructuración de sus deudas por rechazar el borrador de nueva ley de hidrocarburos que, así como se está discutiendo, perjudica sus intereses económicos y avasalla algunos de sus derechos soberanos.

El desplante a Pérez, para mal de los mendocinos, no es algo inédito. Tampoco se trata de plantear una queja propia de un lamento provinciano como casi siempre se han tomado los planteos de las jurisdicciones del interior, subestimándolos en la medida en que se ha creído, erróneamente para el caso de Mendoza, que las provincias han vivido a merced de las dádivas del gobierno central sin hacer mucho por auto desarrollarse y crecer por sus propios medios.

Dejar afuera a la provincia del plan desendeudamiento que cada tres meses se firma con la nación por castigar a Pérez es extender esa sanción a todos los mendocinos que se verán privados de servicios que debe brindar el Estado. Es discriminar a casi dos millones de personas, junto a los otros millones de habitantes de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut con lo que se configura un acto más de prepotencia del gobierno nacional por sobre quienes levantan alguna voz fuerte reclamando por derechos que el mismo gobierno nacional no ha contemplado sobre otros argentinos.

Pérez, sin olvidar ni dejar de hacer mención a los errores que ha cometido al frente de la provincia negándola a un mejor desarrollo y crecimiento y por ende de una mejor calidad de vida para sus habitantes, tendría el mismo derecho a quejarse por un acto de discriminación flagrante, que tiene hoy el país al quejarse de la justicia norteamericana, o del accionar polémico del juez Thomas Griesa o de los pasos zigzagueantes del mediador Daniel Pollack en el conflicto con los fondos buitres que empujan al país a este novedoso “default selectivo” con que se ha rotulado al país.

La misma arbitrariedad que el gobierno de Cristina le asigna a la justicia norteamericana, a Griesa y a Pollack en contra del país, podría aplicarse al propio gobierno nacional para con su relación con algunas provincias o gobernadores a los que castiga por apuntar medidas injustas para con ellos.

Y para peor en el caso de Pérez, un gobernador que decidió desde el primer día ser considerado un soldado de Cristina apoyando todas y cada una de las políticas que impulsó su gobierno.

El actual gobernador no ha sido, sin embargo, el único mandatario mendocino sometido a humillaciones por más de un presidente. La promoción industrial a provincias vecinas a Mendoza que rigió por casi 30 años nunca fue compensada por la nación, pese a las promesas que se hicieron y a los convenios que se firmaron.

Hay que recordar el caso del radical Julio Cobos, por ejemplo, que cuando gobernaba Mendoza y comenzaba su idilio con Néstor Kirchner y su presidencia acordó cerrar el conflicto, por la entonces vigente promoción industrial renunciando a un juicio ganado a favor de Mendoza, con la promesa de que el gobierno de Kirchner, el de la nación, financiaría la construcción del dique Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, en Malargüe.

En el 2011, cuando Celso Jaque estaba a pocos meses de terminar su gestión, se preparaban las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales. Jaque estaba golpeado con su imagen por el suelo, pero tenía esperanzas de transformarse en candidato a diputado nacional. Las listas se diagramaron y se aprobaron en La Rosada, en el despacho de la presidenta que buscaba su reelección. Jaque viajó con una lista de candidatos para recibir la bendición de Cristina, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de estar cara a cara con ella. En una oficina contigua a la del despacho presidencial esperó por horas una definición. Al cabo de un tiempo, la puerta se abrió y un auxiliar de Cristina le acercó un papel. Allí estaba escrita la lista de candidatos, decidida por la presidenta. El nombre de Jaque no estaba. En los nombres apareció el de Anabel Fernández Sagasti. Jaque no la conocía. Tampoco quienes lo acompañaban. Llamaron a Mendoza y alguien les dijo que la chica era militante de La Cámpora y que hacía algunos meses trabajaba como pasante en una de las áreas sociales del propio gobierno de Jaque. Desde esa oficina, el gobernador ordenó registrar en los libros del personal del Estado a quien sería la candidata de la presidenta a diputada nacional. Y volvió a Mendoza, no sin antes anunciar, desde esa oficina de La Rosada y sin haber sido recibido por la presidenta, la lista de candidatos que el periodismo político mendocino esperaba con ansiedad. Al tiempo, Jaque sería nombrado embajador en Colombia. Y allí sigue hasta ahora. Pero aquel sapo que tragó no se lo saca nadie.

La nación, el actual gobierno conocido como gestión K desde el 2003 a la fecha, siempre usó el poder, la billetera, la sanción, la reprimenda, la humillación y la condena al ostracismo para quienes consideró no leales, hubiesen estado o no alineados, como siempre estuvieron Jaque, el actual gobernador Pérez y antes Cobos tras su mutación de radical a K.

La provincia se merece una gestión que potencie lo que tiene, sus recursos, naturales y humanos, sus posibilidades, su naturaleza y su poder de sacrificio. Y si tiene que vivir con lo puesto, como este jueves anunció Cristina que vivirá el país sin que el mundo se termine, pues tendrá que hacerlo y dejar de soñar en hadas madrinas, como algunas vez sucedió en verdad.

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