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Para Montero, el borrador del proyecto de ley de hidrocarburos es "una avanzada contra las facultades de la provincia"

Afirmó que el objetivo del Gobierno Nacional es quitar a las provincias de la discusión y también de las decisiones sobre las licitaciones de las áreas petroleras. Además, agregó que también "sumaría perjuicios" que podrían afectar en materia económica a Mendoza.

En caso de que el borrador por el que se busca modificar la vieja ley de hidrocarburos se convierta el ley, la provincia podría verse expuesta ante situaciones muy perjudiciales. Así lo aventuró la senadora nacional (UCR), Laura Montero, luego de que trascendiera la avanzada de la nación sin tener en cuenta la participación de los estados petroleros, como Mendoza.

La vieja Ley de Hidrocarburos es la 17.319 y fue sancionada en 1967. Ahora, el gobierno nacional y la petrolera YPF, con Miguel Galuccio como CEO de la compañia, buscan modificarla para actualizarla a los nuevos tiempos y a la presencia de petróleo y gas no convencional que se halló con el yacimiento de Vaca Muerta, compartido entre Neuquén y una pequeña parte en Mendoza.

   
Para Montero, sería una mala noticia para la provincia que este borrador se convirtiera en ley.

Dicho borrador, en caso que pueda transformarse en ley, "podría ser muy perjudicial para la provincia de Mendoza", esgrimió Montero. 

La Legisladora, indicó que es "una avanzada desde la Nación contra las facultades de la provincia", ya que "se pretende sacarle a las provincias la facultad que tienen de poder licitar las áreas petroleras".

La visión que realiza la senadora sobre el borrador que está en disusión es que el objetivo del Gobierno es “reglamentar los decretos 929 y 1277 y transformarlos en ley”.

El decreto 929/13, que instrumenta el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, es el que fijó las pautas para que se pudiera realizar un acuerdo entre YPF y la empresa extranjera Chevrón, para explotar Vaca Muerta.

Miguel Galuccio, CEO de la companía de energía YPF.

Por otro lado, el decreto 1277/12 regula el negocio petrolero y gasífero, a través de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, en la cual no tienen representación las provincias, está integrada por unos pocos funcionarios del Poder Ejecutivo y que tiene a cargo la aprobación de las condiciones de licitación.

La senadora explicó que este decreto cambia lo que afirma la llamada “Ley Corta”, que se promulgó en 2007, en la que se establece en su artículo 2 que “las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios”.

“Las facultades sancionatorias, que eran de las provincias, pasarían a ser del Estado, sacando de toda discusión la opinión y soberanía de las provincias”, agregó.

Por otro lado, la legisladora opinó que el borrador sigue sumando perjuicios económicos que podrían afectar a las provincias, ya que los únicos ingresos para las provincias serían las regalías, que en el borrador están fijadas a un 12 por ciento, un número menor a lo que se pide;  tampoco está establecido el precio del valor del crudo, que sería un 30 por ciento más barato que los valores a nivel internacional; y también se impide el cobro del “carry” por parte de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), que es una comisión que pagan las petroleras por explotar hidrocarburos en la provincia.

Finalmente, Montero concluyó que este borrador –en caso que se transformara en proyecto de ley y se aprobase en la Legislatura-, “no mejorará el sector de hidrocarburos, sino que será un parche más que generará más anarquía normativa”.

El plan de Galuccio para atraer inversiones y alejar a las provincias del negocio
El borrador de la nueva ley de hidrocarburos por poco elimina la participación y la injerencia de las provincias. Las saca de juego para permitirle a la nación negociar con mayores beneficios para las petroleras a quienes quiere atraer con inversiones y nuevos recursos. Se baja el porcentaje de las regalías, se eliminan las empresas provinciales como Emesa, el acarreo deja de existir y se fijan topes para los impuestos y tasas municipales y hasta algunos tributos se eliminan.

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